La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España "de manera habitual" entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su ex pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el Ministerio Público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por "motivos profesionales, con una duración muy corta", a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial", tanto respecto al IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira "utilizó un entramado societario", con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
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