Mientras muchos de nosotros estábamos concentrados en la masacre de Las Vegas y en la tardía respuesta del presidente Trump al drama humanitario de Puerto Rico, hay un creciente escándalo político en Sudamérica que está pasando casi inadvertido: la candidatura inconstitucional del presidente boliviano Evo Morales a un cuarto mandato.
Los argumentos de Morales para atornillarse en el poder son tan ridículos que serían graciosos si todo esto no estuviera sucediendo en uno de los países más pobres del mundo.
A pesar de que la propia Constitución de 2009 escrita por Morales le prohíbe postularse a una nueva reelección cuando termine su actual mandato en 2019, y a pesar de que Morales perdió un referéndum en 2016 que había convocado él mismo para lograr reelegirse, el presidente populista boliviano está intentando postularse para un cuarto período de cinco años.
Y, créanlo o no, su argumento es que sus derechos humanos serían violados si no se le permitiera presentarse.
Los legisladores de su partido, el MAS, recientemente presentaron una petición al Tribunal de Justicia controlado por Morales para declarar la “inconstitucionalidad” de la cláusula constitucional que le prohibía una nueva reelección. La petición dice que la actual Constitución viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que a nadie se le debe negar el derecho a ser elegido.
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