Managua, 20 ago (EFE).- El arresto del obispo nicaragüense Rolando Álvarez es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de "golpistas" y "terroristas" a los jerarcas.
Las tensiones se remontan a abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega, que las neutralizó a la fuerza.
El pasado 4 de octubre, Ortega inició su campaña de cara a su quinta reelección presidencial -que ganó con sus principales rivales en prisión-, con un discurso centrado en atacar a los obispos que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país.
El líder sandinista aseguró que los obispos nicaragüenses, en medio de la revuelta, le dieron un "ultimátum" para que dejara el poder en 24 horas, y luego de ese encuentro, según dijo entonces: "dijimos que teníamos que recuperar la paz, porque en esos días no había paz en Nicaragua, lo que había era terror, y el país estaba paralizado".
La Policía Nacional y civiles encapuchados y armados, afines al sandinismo, neutralizaron las manifestaciones antigubernamentales, dejando al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
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