La consejera de Itaipú, Leila Rachid, poco tiempo después de asumir había dicho que la hoja de ruta de la entidad sería el acuerdo firmado en julio de 2009 por los presidentes Lula da Silva y Fernando Lugo. Desde ese anuncio pasaron tres años y nada hicieron con los puntos acordados.
Uno de los puntos del acuerdo firmado en Asunción el 25 de julio de 2009 establecía la posibilidad de que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) pueda “gradualmente, a la brevedad posible, comercializar, en el mercado brasileño, energía de Itaipú correspondiente a los derechos de adquisición del Paraguay (…)”.
Asimismo contemplaba la constitución de un grupo de trabajo integrado por los directores generales del ente y representantes de los respectivos ministerios de las áreas de transporte, energía y obras públicas y de las cancillerías para definir los términos de referencia de un estudio de viabilidad técnica, económica y socioambiental de obras de navegación previstas en el punto III:11 del Anexo B del Tratado. Sin embargo, en ninguno de esos puntos se logró avanzar a la fecha.
En otro de los reclamos que figuran en la Declaración Conjunta de 2009 se hace referencia a la auditoría de la deuda de Itaipú Binacional, que estuvo a cargo de la Contraloría General de la República (CGR).
En diciembre de 2010 la CGR adelantó su posición y declaró ilegal la deuda de US$ 4.194 millones avalada en 1997 por el Gobierno de Wasmosy. Con este argumento, el presidente Fernando Lugo debía pedir a su colega brasileña, Dilma Rousseff, la revisión de la deuda espuria de Itaipú.
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