Acaba de constatarse, una vez más, que la devastadora corrupción tiene en Ciudad del Este una de sus plazas fuertes: el personal de las entidades estatales sigue llenándose los bolsillos, aprovechando la Triple Frontera, signada por el contrabando diario de todo tipo. Como la capital del Amambay, la del Alto Paraná es el destino soñado por funcionarios civiles, policiales o militares, para hacer fortuna cuanto antes a como dé lugar. Bien se sabe que uno de los modos usuales del enriquecimiento ilícito es el cohecho pasivo agravado, o coima, cometido por el funcionario que pide, se deja prometer o acepta un beneficio a cambio de un acto de servicio contrario a sus deberes. Este hecho punible es castigado con hasta cinco años de cárcel, más el pago de una suma de dinero, cuyo monto máximo debe fijarse atendiendo el patrimonio del autor. También se sanciona la tentativa.
Estas disposiciones no disuaden a los corruptos, sabedores de que, en este país, la impunidad es habitual y la penalización extraordinaria. Así, según grabaciones que transcendieron recién ahora, el 30 de marzo de 2021, no disuadieron, por ejemplo, a los aduaneros Virgilio Ferreira, Luciano Florenciano, Eusebio Santacruz, Antonio Oporto y Pedro Báez, ni a los suboficiales de la Armada Claudio Orrego y Jacinto Blanco, fueron detenidos porque en el puesto de control del Puente de la Amistad habrían montado una trama que esa noche sirvió para cobrar “coimas” de entre 150.000 y tres millones de...
La recaudación ilícita, que en una sola noche podía llegar a decenas de millones de guaraníes y que fue denunciada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), presuntamente era compartida con varios colegas, hasta hoy desconocidos. Dado que no debería sorprender que también sus jefes –nunca investigados– participen en el festín cotidiano, es preciso que los controles internos de la Armada y de la Dirección Nacional de Aduanas sean mucho más rigurosos para desprenderse de los funcionarios corruptos. También habrá que poner bajo la lupa a los peces gordos del contrabando, que actúan...
Es preciso que se haga entender, aplicando la ley, que el soborno y el contrabando no son delitos más o menos “respetables”, a los que la población debería acostumbrarse; los Códigos Penal y Aduanero no son meras hojas de papel a las que se pueda ignorar sin temor a las consecuencias. Este contubernio público-privado afecta la legalidad y destruye puestos de trabajo creados por quienes pagan impuestos, así que está en el interés general que sea reprimido con la mayor eficacia. No es de extrañar que prolifere este tipo de delitos, que siempre prosperan bajo el amparo de políticos poderosos....
No faltan –por el contrario, abundan– organismos para luchar contra estos delitos, sino la voluntad de hacer sentir a sus autores el rigor de la ley. En cuanto a la DNA, la Armada y la Policía Nacional, parece claro que mal podrían combatir el contrabando si tienen en sus respectivas nóminas a corruptos de tomo y lomo, respaldados en las altas esferas de los Poderes del Estado, según lo han reconocido los propios gobernantes.
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