La Procuraduría General de la República logró que la Corte Suprema de Justicia rechazara una demanda indemnizatoria promovida por un exfuncionario de la ANDE, quien reclamaba más de G. 5.400 millones por supuestos daños derivados de una destitución que consideraba injustificada. El monto total pretendido ascendía a más de G. 20.600 millones, incluyendo intereses y […]
La Procuraduría General de la República logró que la Corte Suprema de Justicia rechazara una demanda indemnizatoria promovida por un exfuncionario de la ANDE, quien reclamaba más de G. 5.400 millones por supuestos daños derivados de una destitución que consideraba injustificada. El monto total pretendido ascendía a más de G. 20.600 millones, incluyendo intereses y honorarios profesionales.
El fallo señaló que no se acreditaron los elementos esenciales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. La Corte advirtió que una disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar un reclamo de esta naturaleza si no existen pruebas del daño, el nexo causal y un factor válido de atribución.
La Procuraduría sostuvo que no hubo actuación antijurídica por parte del Estado, y que el exfuncionario ya había recurrido la medida por otras vías sin éxito. Asimismo, argumentó que aceptar la demanda sentaría un precedente riesgoso que podría abrir la puerta a reclamos infundados contra la administración pública.
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