La Contraloría de la República inició hace dos años examen de correspondencia de bienes a 30 funcionarios aduaneros sospechosos de enriquecimiento ilícito, que no concluyó. Y hace un año la fiscalía sumó otro pedido referido a un grupo de 10 que la administración de Enrique García no remitió.
Hace más de dos años que la Contraloría General de la República inició examen de correspondencia de bienes a funcionarios aduaneros, pero hasta ahora no terminó un sólo estudio.
En diciembre del 2015, el entonces defensor del Pueblo adjunto Édgar Villalba solicitó estudio de correspondencia de bienes para 30 aduaneros sospechosos de enriquecimiento ilícito. Por la misma sospecha, en marzo del año pasado, la fiscalía de Delitos Económicos solicitó examen patrimonial para un grupo de 10, entre ellos varios de los ya denunciados por Villalba, pero en dos años la Contraloría no remitió un solo resultado.
El año pasado saltó una treintena de aduaneros que con sueldos de entre G. 3 millones y G. 13,5 millones construyen fastuosas residencias, viajan por el mundo, se desplazan en lujosos vehículos y tienen millonarias acciones en sociedades anónimas. La unidad de Delitos abrió investigación a 10 de ellos, pero los fiscales designados Claudia Morys y Hernán Galeano, en un año ni siquiera terminaron de juntar los informes y el caso se encuentra cajoneado en el Ministerio Público.
Una de las excusas de la fiscalía es que la investigación no avanza porque el ente contralor no remitió los estudios de correspondencia de bienes. La Contraloría no brindó ni un solo dictamen y el Ministerio Público tampoco insiste en el tema.
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