“Horacio, vos sabés que se roba en las licitaciones (…). Así que dejate de joder con que tu gobierno es honesto”. Esto no lo dijo un opositor panfletario. Lo dijo Juan Carlos Galaverna en 2017, tiempo en que adhería a Abdo y condenaba al presidente Cartes. Si cambiara el “Horacio” por “Santiago”, supongo que la reprimenda galaverniana tendría hoy incuestionable vigencia.
Las licitaciones son manantiales donde los muchachos recaudan —según el monto de lo licitado— mansiones, estancias, Rolex, camionetas para las modelitos teñidas de rubio que fungen de amantes fieles de los churros.
Un exfuncionario que tuvo un alto rango tiempo atrás me confirmó que en una licitación el ganador debe gatillar para ganar, para que le salgan las órdenes de pago y para que le transfieran el dinero previo descuento del peaje. “Calculá que el 30% de lo licitado es el incentivo de los muchachos”. Si la licitación va direccionada —como se sospecha en el caso del chino de Justo y Alliana—, la tajada crece.
Los supuestos controles dan risa o pena, según cómo se los mire. Recientemente, tuvimos el estrafalario caso de que Contrataciones Públicas suspendió una licitación municipal porque los precios eran muy bajos. Quizá la suspensión se dio porque se iba a repartir poco o nada ¿Será? Averígüelo, Vargas (Poncho Pytã dixit).
Claro que las licitaciones son absolutamente necesarias para las compras del Estado. Pero hoy existen sabios manuales sobre cómo se elaboran bases y condiciones con el fin de que la cosa “rinda”, y bien, para todos. No se termina comprando lo mejor al mejor precio (tal como exige el espíritu de las licitaciones), sino aquello que mejor reparta.
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