Guillermo López Flores, uno de los exconsejeros paraguayos de la EBY que avalaron millonarios pagos por “renuncia o fin de mandato” para miembros del consejo, trató de justificar las asignaciones. “No me parece incorrecto”, argumentó.
López Flores aprobó la autoadjudicación del millonario beneficio para los consejeros junto a Juan M. Benítez Florentín (+), Guido Reckziegel y Rubén Ocampos, en 2012. Se trata de un beneficio mediante el cual los consejeros argentinos pudieron embolsarse con unos US$ 1,5 millones por “renuncia o fin de mandato”.
Con respecto a si los entonces consejeros paraguayos también cobraron esa “indemnización”, aclaró que no le consta, pero que si la normativa estaba vigente lo lógico es que sí lo hayan hecho. “No recuerdo haberlo cobrado, pero lo lógico es que sí; no tengo por qué dudar que me habrán dado ese beneficio, si estaba vigente”, manifestó. Al consultársele si considera razonable que los propios consejeros de la binacional se autoasignen un beneficio de este tipo, Flores justificó señalando que “el resto de los funcionarios -o al menos una parte- recibe este beneficio”.
Explicó que la “indemnización” era cobrada ya previamente por todos los funcionarios superiores y que los consejeros “solo” la “extendieron” hacia el consejo. “Se trataba de un beneficio establecido para todo el personal superior e inferior; es un beneficio que existía y que se hizo extensivo a los consejeros”, manifestó. El exconsejero inicialmente evitaba hablar de una “autoasignación” por parte del consejo, pero finalmente reconoció que se trataba de ello. “Está bien, fue una autoasignación, para qué vamos a discutir... No vamos a discutir de banalidades; existía el beneficio y se hizo...
Al ser insistido con respecto a si le parece correcto que se haya establecido un sistema de esta naturaleza para los consejeros, López dio algunas vueltas en su respuesta y finalmente apuntó que “no me parece incorrecto, por lo menos si es que hay otra masa importante que funcionarios que reciben. Si no existiese (el beneficio), no propondría, pero una vez que está, no me parece que esté mal”, aseveró. Explicó que el beneficio consistía en pagarle al funcionario renunciante o cuyo mandato finalice una suma equivalente a un salario de año por cada año de antigüedad.
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