Los representantes jurídicos de la Municipalidad de Lambaré, abogados Gustavo Arriola, Sonia Cardozo y Diego Rotela, así como el secretario general Carlos Brañas, llegaron hasta nuestra redacción para cuestionar la denuncia que realizaron concejales de este municipio ante la fiscalía por la supuesta malversación de casi G. 1.000 millones para la reparación del puente Vencedores.
Aclararon que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se extralimitó en sus funciones al declarar la nulidad del contrato entre la Comisión Vecinal San Vicente de Paul y contratistas que realizaron las obras. Recordaron que la propia DNCP, en una resolución N° 2344 del 20 de octubre de 2011, dictaminó que no tenía facultades para resolver este tipo de casos.
También indicaron que la resolución de la DNCP N° 4328, del 13 de diciembre de 2016, en que se encontró una serie de irregularidades, fue objeto de un recurso de reconsideración y que aún les queda las instancias administrativas judiciales, por lo que esta resolución no se encuentra firme.
Agregan que las obras de reparación del puente sí se realizaron por el monto adjudicado.
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