El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) expresó su preocupación y cuestionó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por los retrasos injustificados en el lanzamiento de la licitación internacional para adquirir máquinas de votación, un proyecto que implica una inversión de USD 93 millones (aproximadamente G. 730.980 millones al tipo de cambio actual). […]
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) expresó su preocupación y cuestionó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por los retrasos injustificados en el lanzamiento de la licitación internacional para adquirir máquinas de votación, un proyecto que implica una inversión de USD 93 millones (aproximadamente G. 730.980 millones al tipo de cambio actual).
La licitación, identificada como N° 1/2025 para la “Adquisición de máquinas de votación”, busca reemplazar el antiguo sistema de arrendamiento. Sin embargo, a pesar de que el TSJE presentó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) a la DNCP el pasado 13 de enero, tras cumplir con todos los requisitos legales, el proceso sigue sin avanzar. A 52 días de esa entrega, el llamado aún no aparece en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas debido a lo que el TSJE describe como “reiteradas retenciones” por parte de la DNCP.
En un comunicado oficial, el TSJE señaló que estas demoras afectan directamente la planificación de las elecciones municipales, cuyo proceso comenzará con las internas partidarias programadas para junio de 2026. “La excesiva dilatación obstaculiza el normal desarrollo del próximo proceso electoral”, afirmó la institución.
Un pliego basado en estudios y experiencia El TSJE destacó que el PBC fue elaborado tras un exhaustivo análisis de mercado y con base en su propia experiencia en procesos electorales. Según la Justicia Electoral, el documento incluye requisitos “razonables y adecuados” tanto al tipo de adquisición como a las condiciones del mercado, buscando garantizar una competencia abierta y equitativa. Sin embargo, la DNCP sostiene que algunos de esos requisitos podrían ser “restrictivos, excluyentes o limitantes”, lo que ha generado un impasse.
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