La jueza de sentencia Nilda Giménez Bogarín optó por no firmar el fallo condenatorio de 5 años de cárcel en el caso de tenencia de drogas con el que se negoció una coima de US$ 30.000.
Por este hecho están imputados el actuario judicial Víctor Marecos, del Tribunal de Sentencia Nº 28 de Alba González, y el funcionario administrativo Héctor Leguizamón López. El primero está recluido en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, mientras que el segundo sigue prófugo.
Si bien la magistrada Nilda Giménez votó por esa pena mínima a pedido de la fiscala antidrogas Elva Cáceres, decidió comunicar al presidente de la Sala Penal de la Corte, el ministro Sindulfo Blanco, las irregularidades que se dieron desde el momento del adelantamiento de la fecha de juzgamiento.
La magistrada explicó que tiene como criterio no dar más pena de la solicitada por el Ministerio Público y que así obró en la causal.
Sin embargo, tras el escandaloso caso del pedido de coima entendió algunos manejes raros que tienen que ver con la premura para realizar el juicio de una causa nueva (del 2017) siendo que hay otras que están por prescribir, y el extraño adelantamiento del juzgamiento.
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