La jueza de primera instancia, primer turno en lo laboral, Graciela Expedita Panza Benítez, en contubernio con la abogada y exfiscal de marcas, Liz Carolina Alfonso, habría recibido unos USD 5.000 en concepto de coima. Según fuentes, fue para favorecer a unos empresarios chinos en detrimento de dos trabajadores brasileños que iniciaron una demanda por despido injustificado.
Los datos refieren que los responsables de la empresa denominada Fuston, situada en el microcentro de Ciudad del Este, despidieron a dos trabajadores de 25 y 17 años de antigüedad del local comercial, pero de manera injustificada, sin pagarles los haberes correspondientes. Ambos iniciaron una demanda judicial contra la firma para exigir lo que por derecho les corresponde.
Los afectados son los brasileños Emerson Antonio Moreira y Juliano Torresan, quienes arrastran la injusticia desde la audiencia de conciliación realizada en abril del 2022. En aquella audiencia, se presentó la abogada Liz Carolina Alfonso, representante de la empresa Foston P.N.J., propiedad del chino Wen Chi Kuo, pero no presentó documentos en la contestación de la demanda.
Alfonso recurrió a un incidente de hecho nuevo que no reunió los requisitos porque aparecieron documentos de contenido aparentemente falsos de contrato de trabajo y liquidación de haberes de los demandantes, supuestamente con antigüedades de 5 y 3 años de los empleados, y que ya cobraron sus haberes. La jueza admitió ese incidente arbitrariamente, pese a la oposición de los demandantes.
La jueza Graciela Panza admitió incidentes de la empresa Foston P.N.J. de Wen Chi Kuo presentados por la cuestionada exfiscal Liz Carolina Alfonso y no así el trámite de oposición de la defensora de los demandantes, abogada Gladys Arévalos. De esta forma, dejarían sin su liquidación a los trabajadores que ahora se sustentan con lo que pueden en otras partes del país.
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