La Justicia dejó sin efecto medidas anteriores sobre propiedades equivocadas y dispuso nuevas restricciones sobre el inmueble.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú corrigió el embargo de la mansión de Santiago Peña en San Bernardino. La nueva resolución afecta directamente al inmueble registrado a nombre del expresidente y su esposa, Leticia Ocampos. La medida fue adoptada después de detectarse errores en la identificación de las propiedades inicialmente embargadas. El procedimiento forma parte de la investigación vinculada a Ueno Bank.
El magistrado dejó sin efecto una resolución anterior que había dispuesto el embargo de ocho inmuebles en San Bernardino. La Fiscalía solicitó rectificar la medida al constatar que las propiedades identificadas no correspondían a las que pretendía afectar. La defensa de Peña, encabezada por el abogado Ricardo Preda, también presentó un escrito para señalar la equivocación judicial.
Tras revisar la documentación, Otazú ordenó el embargo preventivo de la propiedad atribuida al matrimonio Peña-Ocampos. Además, decretó la prohibición de innovar y contratar sobre el inmueble. Estas restricciones buscan impedir modificaciones jurídicas o actos de disposición que puedan afectar la medida cautelar durante el desarrollo de la investigación.
La propiedad tiene una superficie de 5.012,07 metros cuadrados y está ubicada en el distrito de San Bernardino. La resolución judicial consigna un monto de G. 3.608.550.782.201. Este importe también aparece en la documentación mencionada sobre la compraventa del inmueble. El material disponible no permite aclarar la composición de esa cifra.
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