El Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de Otras Entidades Financieras del Paraguay presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos para que sean investigadas supuestas irregularidades en la cancelación de créditos de 81 asociados con la participación de la firma Karaku SRL, por un monto de G. 14.000 millones (US$ 2,5 millones).
Los jubilados bancarios se reunieron anoche en la sede del Centro de Jubilados para analizar el caso que involucraría a una firma privada con operaciones realizadas en la Caja Bancaria y los nuevos elementos que existen en torno a la investigación que realiza la Fiscalía.
El titular de la entidad, Amancio Abel Florentín, hizo un relato de la denuncia presentada en representación del citado gremio a finales de febrero pasado, señalando que surgió a partir de que tomaron conocimiento del resultado de la auditoría realizada a la Caja Bancaria y en donde se señala que llamó la atención la intervención de la firma Karaku SRL, que sin ser financiera estaba interviniendo en operaciones entre los jubilados, pensionados y la Caja Bancaria.
La empresa, según los informes, está conformada por Miguel Ángel Robledo Desh, como socio, y María del Carmen Montiel Montiel, como socio gerente.
Florentín alegó que en un plazo de seis meses la referida firma logró participar en 2016 en forma directa en el giro financiero de la Caja Bancaria por un monto de más de G. 14.000 millones (US$ 2,5 millones), que afecta a 81 beneficiarios, obteniendo así una renta cercana a los G. 700 millones (US$ 126.000) por esa operación.
Leer la nota completa en Diario ABC
