ROMA. Lo que resulta una herejía para los turistas extranjeros es una realidad para los italianos en el verano: pagar para estar en la playa pues la mitad son privadas, un negocio redondo y oscuro que el gobierno desea regular.
Presionado por la Unión Europea, el jefe de gobierno italiano, Mario Draghi, decidió poner las cosas en orden. A partir del 1 de enero de 2024, los llamados “establecimientos balnearios” -porciones de playa dadas en concesión a particulares- serán otorgados a través de una licitación pública prevista para 2023. Tanto en las encantadoras costas de Liguria como en las bahías de la isla de Cerdeña es necesario mucho tiempo para encontrar una franja de arena con acceso libre y gratuito.
Miles de tumbonas y sombrillas en las kilométricas playas mediterráneas, divididas por secciones y colores, son operadas por un propietario diferente. En algunos lugares, una sombrilla y dos tumbonas para la jornada llegan a costar hasta 100 euros (106 dólares), según la asociación de consumidores Codacons. Mientras los operadores ganan fortunas, el Estado, al que pertenecen las playas, otorga concesiones a bajos precios y con oscuros criterios.
Esa política ha generado elevadas pérdidas al Estado y ha sido denunciada por favorecer la corrupción, la falta de competencia, el clientelismo y lo que es peor, la infiltración de organizaciones mafiosas para el lavado de dinero.
El caso de las concesiones a largo término y su renovación automática desde 1992 ha sido puesto en entredicho por la directiva Bolkestein del 2006 de la Unión Europea, que limita el tiempo de las concesiones y establece la obligación de la licitación pública. La agencia italiana que gestiona los activos confiscados al crimen organizado (ANBSC) lanzó una licitación pública el mes pasado para la gestión de un balneario incautado a la mafia calabresa, el Lido Calajunco, en el sur de Italia.
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