Itaipú insiste en no dar a conocer el resultado de un sumario administrativo abierto en un caso de acoso e instigación al robo que involucra al exsuperintendente Arturo Giménez Gallardo. Invoca un artículo del Código Penal que dice que la “etapa preparatoria no será pública”. A la entidad se le requirieron el resultado y el pago al abogado externo.
A través de un comunicado emitido ayer, Itaipú trató de justificar la negativa en dar a conocer el resultado de un sumario administrativo abierto el 24 de noviembre del 2017, cuando estalló el escándalo de acoso sexual en la entidad que involucraba al entonces superintendente de Servicios Generales Arturo Giménez Gallardo.
El funcionario, además de estar acusado de acosar a funcionarias, instó a robar teléfonos de las presuntas víctimas para hacer desaparecer las pruebas.
La entidad manifiesta, entre otras cosas, que “el Código Procesal Penal (Art. 322) establece que, durante un proceso penal, existe un deber de reserva para quien tenga conocimiento de actuaciones realizadas vinculadas a su objeto. En igual sentido, la Resolución N° 472, de fecha 17 de mayo de 2012, dictada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, “por la cual se reglamenta el procedimiento de inspección de seguridad y salud en el Trabajo y se sanciona la violencia laboral...” (las negritas son nuestras).
La periodista de nuestro diario Nancy Espínola, invocando la Ley 5282/14 de Libre Acceso a la Información Pública, había solicitado el resultado del sumario abierto que debió haber concluido en febrero; y el costo abonado al juez sumariante que fue contratado para el caso.
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