El IPS firmó un millonario contrato con Infocenter SA, pese a que se encontraba imposibilitada para operar con el Estado, a raíz de una sanción que le impuso la DNCP. Irónicamente, esta penalidad se relacionaba con el incumplimiento del pago del seguro social, según los datos.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó en enero de este año la instrucción de un sumario administrativo a Infocenter (RUC 8002318-0), representada legalmente por Lida Vera, Juan Carlos Pedraglio, Blanca Ortiz y Carlos Gallardo. Fue tras una denuncia presentada por la ANDE, que había tenido a la empresa de referencia como oferente en una licitación de finales de 2015.
La ANDE denunció que, presumiblemente, la firma habría proveído información falsa al presentar declaración jurada de no hallarse comprendida en las inhabilidades que señala la Ley 2051 de Contrataciones, a pesar de que se encontraba en mora con el seguro social a la fecha de la apertura de las ofertas. El inciso “k” del artículo 40 de esta ley señala que “las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o seguridad social” tienen prohibición de contratar con el Estado.
En su descargo, la sumariada alegó que no hubo “conducta irregular desplegada de manera intencional”. Reconoció que no se encontraba al día con el IPS al momento de presentar su oferta, pero argumentó que fue por un “error administrativo involuntario”. Sin embargo, para la DNCP, “el proveedor ha proporcionado información falsa, ha actuado con dolo o mala fe”.
“El hecho de estar en deuda con la seguridad social constituye un impedimento para que los oferentes presenten sus ofertas o celebren contratos con la administración pública, sin embargo, la firma sumariada ignoró esta disposición normativa y presentó su oferta al llamado realizado por la ANDE, adjuntando una declaración cuyo contenido no se ajustaba a la realidad”, señala Contrataciones en la resolución N° 832 de marzo de 2017, en la que determina la sanción a Infocenter, consistente en la inhabilitación para operar con el Estado, durante tres meses (ver facsímil).
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