BRASILIA (EFE). La Corte Suprema de Brasil aceptó ayer las denuncias por presunta corrupción formuladas contra la senadora Gleisi Hoffmann y su esposo y exministro Paulo Bernardo Silva, dos emblemáticas figuras del Partido de los Trabajadores (PT); y del entorno de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Hoffmann fue ministra de la Presidencia en el primer Gobierno de Rousseff, mientras que Silva ocupó la cartera de Comunicaciones, tras haber sido ministro de Planificación en la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del PT.
Ambos fueron acusados de recibir financiación ilegal para sus campañas por parte de empresas implicadas en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Según la denuncia de la Fiscalía General, que está a cargo de esas investigaciones junto con la Policía Federal, Silva y Hoffmann recibieron al menos un millón de reales (unos 310.000 dólares) de esa red, que no fueron debidamente declarados al fisco y a las autoridades electorales.
Tanto Silva como Hoffmann rechazaron las acusaciones y, como otros dirigentes del PT salpicados por denuncias de corrupción, las han atribuido a una “persecución política” contra ese partido, que estuvo en el poder durante los últimos trece años.
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