En agosto pasado, dos obreros de la ANDE perdieron la vida por una electrocución en el ejercicio de sus labores, en la localidad de Caaguazú. La institucuón destinó una millonaria indemnización de G. 400 millones para cada familia, pero juntas solo recibieron G. 80 millones, luego de haber sido víctimas de abogados que se ofrecieron a hacer los trámites. La Fiscalía investiga la participación de al menos ocho personas, en este esquema de apropiación.
El 3 de agosto de este año, Antonio Acosta Contrera (53) y Mariano Ramírez Casco (43), dos obreros de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) . A raíz de la tragedia, la entidad destinó millonarias indemnizaciones, a beneficio de los familiares de las víctimas.
Según lo confirmó el propio presidente de la ANDE, Félix Sosa, el 8 de setiembre emitieron dos cheques por valor de G. 400 millones, para cada familia, es decir G. 800 millones en total. Sin embargo, ambas familias habrían sido víctimas de personas que se ofrecieron a hacer el trámite y a gestionar el cobro. Según la denuncia, solo recibieron G. 30 y 50 millones cada una.
Desde su humilde vivienda, doña Juana Honorina Casco (77), la madre de Mariano Ramírez, relató que dos personas, una vecina y su abogado, se ofrecieron a hacer los trámites para que puedan cobrar la indemnización. Luego de varias visitas, tanto ella como su hijo firmaron varias autorizaciones; ella solo pudo estampar su huella, pues no sabe leer ni escribir.
“Un día volvió ella. Me pidieron firmar un documento a mí y a mi hijo. Firmamos los dos, luego ellos se miraron y me llevaron a la pieza. Me dijeron que ya estaba mi plata. Tenía una bolsita bajo el brazo, con cuatro rollos, me dejó tres y llevó uno otra vez para ellos”, relató la mujer para la emisora local Radio Alborada.
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