En Minga Guazú se creó una contraloría ciudadana que ayer presentó un amparo judicial sobre violación de la ley de transparencia 5282/14. Al parecer, el intendente Diego Ríos no respondió conforme a la solicitud...
En Minga Guazú se creó una contraloría ciudadana que ayer presentó un amparo judicial sobre violación de la ley de transparencia 5282/14. Al parecer, el intendente Diego Ríos no respondió conforme a la solicitud de los miembros de la asociación civil y estos recurrieron a instancias judiciales para conseguir respuestas. El ejecutivo comunal ya fue notificado por el actuario judicial, Francisco Miranda.
Solicitaron al intendente, Diego Ríos, informe detallado de la licitación 430801, sobre el fondo de royalties y los pormenores de los gastos de G. 190 millones, como en qué se gastó, dónde y cuáles fueron las obras. En el informe cuatrimestral figura que se gastó ese monto en obras, pero sin muchos detalles; aguardan respuestas con la intervención del juez.
Los denunciantes explicaron que el primer pedido de informe, de fecha 2 de diciembre del 2023, fue respondido escuetamente por el jefe comunal el 18 de ese mes. Al día siguiente, volvieron a solicitar la reconsideración para conocer cuántos materiales se adquirieron y las facturas con las empresas licitadas. Pero esto último fue ignorado por Ríos hasta la fecha y eso motivó a los contralores ciudadanos a recurrir a instancias judiciales.
La respuesta del ejecutivo municipal sobre el pedido refiere: “Cumplimos en dar retorno a lo solicitado referente a los materiales de construcción adquiridos a través de la empresa JR, los mismos fueron utilizados en reparaciones menores realizadas por la institución municipal en los edificios o bloques de la Institución, así también en la Junta Municipal, Artes y Oficios, Bellas Artes, Salón Auditorio, Plaza Año Internacional del Niño y otros”.
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