El proceso contra Elías Godoy Torres, presunto nepobaby, fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos para supervisar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. La acusación involucra un supuesto cobro indebido de honorarios profesionales, lo que derivó en la implementación de un conjunto de obligaciones con multas de reparación social y resarcimiento […]
El proceso contra Elías Godoy Torres, presunto nepobaby, fue remitido al Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos para supervisar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. La acusación involucra un supuesto cobro indebido de honorarios profesionales, lo que derivó en la implementación de un conjunto de obligaciones con multas de reparación social y resarcimiento económico.
Recordemos que el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Segundo Turno de Paraguay resolvió otorgar la suspensión condicional del procedimiento a Elías Martín Godoy Torres, acusado de cobro indebido de honorarios profesionales por un monto superior a 5.500 jornales, según lo establecido en la Ley 6.379. La decisión, emitida mediante el A.I. N.º 457 el 22 de diciembre del 2024, impone un período de prueba de un año con estrictas reglas de conducta y medidas reparadoras.
Entre las reglas de conducta dictadas por el juzgado, destacan la comunicación de cualquier cambio de domicilio; Abstenerse del consumo de drogas o abuso de bebidas alcohólicas. Pago de 50 millones de guaraníes en concepto de reparación de daños sociales, distribuidos en seis instituciones y personas beneficiarias, tales como: Hospital General Materno Infantil San Pablo. – Federación Paraguaya de Gimnasia. – Colegio Parroquial Pío XI. – Familiares de un menor con cáncer cerebral. – Dirección de Operaciones Tácticas de la Corte Suprema de Justicia. – Una persona afectada por enfermedad renal...
Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, la Juez de Ejecución Sandra Kirchhoffer recibió la causa e intimó a Elías Godoy Torres, hijo de la Diputada Roya Torres (PLRA), a que en plazo de 72 horas presente constancias del cumplimiento de las reglas de conducta que le fueron impuestas en la suspensión condicional del procedimiento.
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