Gracias a la intervención de la defensora pública en lo Civil y Comercial de Caaguazú, Zoraida Cañiza Ayala, se logró una sentencia favorable que evitó el desalojo de un humilde agricultor, quien recurrió al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) por no contar con recursos económicos para costear asistencia jurídica.
El agricultor, identificado con las iniciales R. A., residente en la Colonia Guyraungua, fue demandado por desalojo por su esposa, de quien está separado hace aproximadamente siete años. La notificación de la demanda fue recibida por una de sus hijas, quien no pudo comunicar a su padre sobre el inicio del juicio, lo que provocó el vencimiento del plazo para contestar el traslado.
Una vecina del agricultor, al enterarse de la situación, lo instó a solicitar auxilio judicial. A pesar del plazo vencido, la defensora pública Cañiza Ayala logró presentar varias excepciones que finalmente fueron determinantes en el fallo.
El inmueble en cuestión pertenece al suegro del agricultor y durante el matrimonio, la pareja construyó una vivienda, introdujo cultivos de mandioca, maíz y poroto, y mantuvo vacas lecheras cuya venta les permitió sostener a sus cinco hijos. Tras el fallecimiento del suegro, la esposa heredó la propiedad de 7 hectáreas, pero el agricultor continuó trabajando el lote de acuerdo con un acuerdo previo entre ambos.
El agricultor se sorprendió al recibir la demanda de desalojo. Aunque fue declarado en rebeldía por no contestar la notificación, su presentación junto a la defensora permitió impugnar la nulidad de la notificación y presentar acciones legales que culminaron en la Sentencia Definitiva (SD) N° 2 del 2 de febrero de 2026.
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