El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado Primera Sala, en mayoría, revocó el A.I N° 192 de fecha 18 de julio del 2024, y dejó sin efecto la medida cautelar de prohibición de acercarse e ingresar a la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé de parte del intendente de la […]
El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado Primera Sala, en mayoría, revocó el A.I N° 192 de fecha 18 de julio del 2024, y dejó sin efecto la medida cautelar de prohibición de acercarse e ingresar a la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé de parte del intendente de la citada ciudad, Víctor Garay (ANR), imputado por lesión de confianza.
El análisis de fondo inicia con la preopinión de la Dra Silvana Luraghi, la decisión del juez penal de garantías se encuentra debidamente fundamentada, teniendo en cuenta que estamos dentro de la etapa investigativa que aún no concluye y en la cual el Ministerio Público, se encuentra recolectando elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo, por lo que la medida aplicada de prohibición de acercamiento a la municipalidad resulta justificada y razonablemente suficiente.
“La existencia de las circunstancias señaladas hace que la medida de prohibición de acercamiento a la municipalidad se encuentra plenamente justificadas, y son razonables y proporcionales a los efectos de garantizar la sujeción del imputado al proceso, así como el normal trascurso de la investigación, por lo que el auto recurrido debe ser confirmado.”
“En este sentido, y a fin de fundamentar aún más la posición asumida se tiene que la situación procesal del imputado en la presente causa no ha cambiado ni se ha modificado y aún se precisa de la sujeción del mismo al presente proceso por lo que el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos Primer Turno ha obrado correctamente al mantener la medida cautelar que prohíbe el acercamiento o ingreso del imputado a la Municipalidad de Jesús de Tavarangue del departamento de Itapúa, a los efectos de garantizar la sujeción del mismo al debido proceso”
Leer la nota completa en El Observador