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El intendente de Lambaré, Armando Ramón Gómez Arévalo, debe pagar hoy poco más de G. 200 millones que faltan para completar los G. 550 millones que se comprometió a pagar para evitar ir a juicio oral por lavado de dinero, reducción y obstrucción a la restitución de bienes, hechos por los que fue imputado en el caso del multimillonario desvío a la firma Viradolce, de la empresaria Maris Llorens.
En la audiencia y a través de su abogado, el intendente lambareño admitió los hechos y pidió suspender a prueba el caso, por la reparación del daño. En esa ocasión, entregó un cheque por G. 315.445.000 y en 60 días (plazo que se cumple hoy) debía depositar la suma de G. 234.555.000, los que totalizan 550 millones de guaraníes.
Sin embargo, su esposa, Fabiola Bareiro Gibbons, no corrió con la misma “suerte”, pues ella sí enfrentará juicio oral por estafa y producción de documentos no auténticos, por los que está imputada dentro de la misma causa.
La supuesta estafa a la firma Viradolce provocó un perjuicio patrimonial de más de G. 41.000 millones y unos USD 582.000, según la Fiscalía.
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