La fiscala Raquel Fernández reiteró durante una audiencia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que el cruce de llamadas del caso “31M”, era “impertinente“”. Insistió en que no hubo orden directa de asesinar al joven liberal Rodrigo Quintana.
La fiscala Raquel Fernández, quien está suspendida desde hace cuatro meses en sus funciones tras haberse negado a pedir los extractos de llamadas del caso 31 de marzo, fue citada esta semana para ser oóda de acuerdo a una petición que ella misma realizó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La fiscal suspendida explicó que ella había rechazado el pedido de cruce de llamadas propuesto por la querella adhesiva, fue porque el abogado de la familia de Rodrigo Quintana, Guillermo Duarte Cacavelos “imaginó una teoría del caso como querellante que no concordaba con la teoría que yo tenía como agente”, dijo.
Recordó que pese a que el abogado solicitó en varias oportunidades que ella pidiera los extractos de llamadas de distintas personas que se habían comunicado con el comandante de la Policía Críspulo Sotelo aquella noche, así como también, el cruce de llamadas del presidente de la República, la senadora Lilian Samaniego, José Ortiz, Luis Canillas y otros que “sin formar parte del escalafón de la policía se comunicaron con el comandante”, recordó Raquel Fernández,
Rememoró también que el entonces miembro del JEM, Eduardo Petta, le había manifestado que si ella no pedía el extracto era porque “ya tenía cerrado el caso”, pero la agente suspendida negó todas estas acusaciones, y se ratificó en decir que simplemente esas diligencias “a mi criterio eran innecesarias ni pertinentes”.
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