La iniciativa popular constituye un derecho consagrado en el artículo Nº 123 de la Constitución Nacional y faculta a los electores presentar de forma directa proyectos de ley ante al Congreso, sin necesidad de que un parlamentario deba “apadrinar” la iniciativa. No obstante, en 30 años de vigencia de la legislación, ni una sola ley […]
La iniciativa popular constituye un derecho consagrado en el artículo Nº 123 de la Constitución Nacional y faculta a los electores presentar de forma directa proyectos de ley ante al Congreso, sin necesidad de que un parlamentario deba “apadrinar” la iniciativa.
No obstante, en 30 años de vigencia de la legislación, ni una sola ley nació a partir de la iniciativa popular, que está garantizado en la Carta Magna. Esto se debe principalmente a los inconvenientes de logística que puede presentar el mecanismo.
“Si bien es un derecho que tienen los ciudadanos, la forma en que el tribunal electoral establece que su cumplimiento es muy complejo. Se requiere la recolección de una cantidad de firmas equivalente al 2% del padrón. Son cerca de 100.000 firmas las que hoy necesitaríamos para apuntar a que un proyecto llegue al Congreso. Además, esta colecta de firmas se realiza a mano, en planillas que solamente el Tribunal Electoral puede proveer”, explicó Robert Cano, exministro de Educación.
En compañía principalmente de jóvenes universitarios, el extitular de la cartera educativa busca facilitar mediante un proyecto de ley la iniciativa popular, apuntando a que el mecanismo permita ahora la utilización de firmas electrónicas para conseguir que un proyecto llegue hasta el Congreso de la Nación.
Leer la nota completa en El Independiente