Hay varias categorías y clases de latrocinio, es decir, técnicas y estilos aptos para despojar al Estado y a la sociedad de bienes y recursos que deben estar destinados al desarrollo y bienestar social general. Pero una de estas clases es la peor: la que priva de esos beneficios a los más débiles, a los más necesitados, a la parte más urgida de la sociedad. A esta clase de infamia debería calificarse de “robo inhumano y antipatriótico”. Un buen ejemplo nos acaba de proveer la investigación realizada por el Ministerio de Educación y Ciencias, que detectó la presencia de alrededor de 1.200 personas inscriptas en las planillas como si fuesen docentes, pero sin serlo. De esta cifra, 486 son directamente “planilleros”, es decir, cobran salarios sin trabajar. El resto se distribuye entre los que asisten de vez en cuando a las aulas a fungir de docentes o envían reemplazantes irregularmente. Entre los indiciados de este escandaloso robo están nada menos que 84 intendentes y concejales, departamentales y municipales. Los ciudadanos y las ciudadanas en general, y los padres y madres de los alumnos en particular, deben realizar un fuerte reclamo, mediante manifestaciones públicas sostenidas, para limpiar la educación de la escoria que hoy la contamina.
Hay varias categorías y clases de latrocinio, es decir, técnicas y estilos aptos para despojar al Estado y a la sociedad de bienes y recursos que deben estar destinados al desarrollo y bienestar social general. Pero una de estas clases es la peor: la que priva de esos beneficios a los más débiles, a los más necesitados, a la parte más urgida de la sociedad. A esta clase de infamia debería calificarse de “robo inhumano y antipatriótico”.
Un buen ejemplo didáctico nos acaba de proveer la investigación realizada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuyos resultados se conocieron días atrás, que detectó la presencia de alrededor de 1.200 personas inscriptas en planillas públicas como si fuesen docentes, pero sin serlo. De esta cifra, 486 son directamente “planilleros”, es decir, cobran salarios sin trabajar. El resto se distribuye entre los que asisten de vez en cuando a las aulas a fungir de docentes o envían reemplazantes irregularmente.
Según cifras oficiales, en el país tenemos casi 70.000 docentes remunerados por el Estado. Disimulados entre ellos figuran los 1.200 ladrones detectados. ¿Qué clase de gente es esa que está robando los recursos públicos destinados a sostener uno de los pilares del desarrollo presente y futuro de nuestro país, cual es la educación? Respuesta fácil: son políticos. Y son, a su vez, una clase especial de políticos, de esos que se llenan la boca de pueblo pero en el momento de actuar en su nombre lo hacen solo para escamotearle los recursos destinados a mejorar su nivel de vida y favorecer el...
Entre los indiciados de este escandaloso robo están nada menos que 84 intendentes y concejales, departamentales y municipales, que, pese a ganar muy buena retribución por el generalmente pésimo o nulo servicio que prestan a sus comunidades, todavía les parece poco y se atribuyen el derecho a darle un mordisco al erario, apoderándose del dinero destinado a cumplir la gran tarea de mejorar el bajo nivel educativo en el país.
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