La desigualdad reinante en la Penitenciaría Nacional queda al descubierto en varios informes divulgados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el corriente año, el último en junio pasado. El fiscal Igor Cáceres tiene a su cargo la investigación acerca de la red de negociados que se teje detrás de esos privilegios.
“El mismo sistema de estigmatización social que hay afuera se reproduce en Tacumbú. Es una red que se beneficia de esta sistema, desde los internos con poder, hasta las más altas estructuras”, explicó Diana Vargas, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Vargas destacó que uno de los aspectos que quedó en evidencia con las comodidades que disfrutaba Jarvis Pavão, en medio de las necesidades de la mayoría, deja en evidencia “más que nada claramente el manejo corrupto donde tiene que ver no solamente con la administración de aplicar más medidas de control, sino también la clasificación para designar los espacios”.
Un informe técnico sobre el estado de la infraestructura y el hábitat en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, elaborado en junio último por la arquitecta Violeta Prieto Granada, advierte que las nuevas construcciones observadas en el pabellón adventista constituyen la “antítesis de la realidad que se vive en los tramos elegidos para los recorridos”.
El recorrido no incluyó el pabellón Adventista ni los pabellones Libertad o A, C y F, estos tres últimos con una estructura edilicia similar a los pabellones B y D, que sí fueron visitados.
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