Un informe sobre la licitación vía alianza público privada (APP) para modernizar el aeropuerto Silvio Pettirossi advierte que los miembros del comité evaluador pueden incurrir en lesión de confianza y prevaricato si adjudican a la única oferente en competencia, el consorcio Sacyr-Agunsa. Se trata del tercer análisis presentado a la Comisión Permanente del Congreso, que cuestiona el proceso.
Este tercer informe sobre la asociación público privada (APP) para el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, firmado por el Dr. José Fernando Casañas Levi, director general jurídico de la Cámara de Senadores, fue presentado en enero pasado a la Comisión Permanente.
Explica que si bien son numerosas las irregularidades denunciadas, que podrían tener consecuencias penales, administrativas y civiles, el análisis se limitó a abordar si existe una incompatibilidad legal que afecte al consorcio Sacyr-Agunsa para participar de la licitación convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Una de las advertencias del jurista es para el comité evaluador, al que cuestiona por no considerar datos relevantes que desde hace tiempo debieron hacer que la oferente sea descalificada. “De concretarse la adjudicación a una firma que cuenta con incompatibilidades legales, se podría configurar la conducta penal de Lesión de Confianza prevista en el artículo 192 del Código Penal, y Prevaricato, contemplado en el artículo 305 del mismo cuerpo legal”, indica. Según datos proveídos por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), este comité está compuesto por Agustín Encina, Claudia...
Del análisis de Casañas Levi se puede colegir, entonces, que todas estas personas se exponen a procesos penales. El especialista explica que eso se daría por la incompatibilidad que se le atribuye al oferente, prevista en el Art. 19 inc. c de la ley 5102/13 de APP: “No podrán ser oferentes ni participantes privados las personas que tengan proceso judicial en trámite por incumplimiento contractual con el Estado, los gobiernos departamentales o las municipalidades o que hayan sido condenadas por dicha causa, dentro de los cinco años anteriores al llamado. Las personas comprendidas en las...
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