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Ante la negativa de Urbieta de dejar el cargo pese a la fuerte presión ciudadana, los pobladores indignados de la capital del primer departamento consideran que existen dos caminos seguros por donde llegarán al objetivo.
Primero, las acciones judiciales que obran en la fiscalía en contra del jefe comunal.
Y como segunda opción cifran sus esperanzas en la auditoría que realizarán en los próximos días la Contraloría General de la República, que decidió auditar la administración comunal y la Gobernación de Concepción. Esta auditoría fue solicitada hace dos meses por la Junta Municipal gracias a la presión de los manifestantes.
Los casos judiciales. Son dos los procesos, uno por desacato judicial y el otro por lesión de confianza y apropiación que tiene encima el intendente. En ambos casos la fiscalía ya imputó al titular de la Comuna, quien sigue manejando el poder en la Municipalidad. Luego ingresaron nueve casos más en su contra en la esfera judicial. Uno por la supuesta venta irregular del Puerto Municipal Nanawa, por 700.000 dólares a una empresa multinacional.
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