El intendente de Lambaré, Armando Gómez Arévalos, fue imputado ayer por desacato de una orden judicial por el Ministerio Público. El proceso es porque se negó a proveer informes a un juzgado en donde se tramita una demanda civil contra esta Comuna. La jueza penal de garantías Isabel Bracho debe convocarlo para su imposición de medidas. Es su segundo proceso penal.
La imputación de la fiscala González Falcón señala que el entonces juez en lo civil de Lambaré Isidoro Olazar Pozza, el 9 de diciembre pasado, en el marco de las diligencias preparatorias de una demanda de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa) contra la Comuna lambareña, solicitó el magistrado que el intendente informe al juzgado si en su calidad de administrador de gastos recibió insumos y materiales para la confección de registros de conducir y habilitación de vehículos, ya que de por medio había una deuda a la empresa proveedora de unos G. 1.600 millones.
Como el intendente Gómez no informó al juzgado en el plazo que debió hacerlo, el juez Olazar Pozza el 20 de diciembre reiteró a la Comuna, bajo apercibimiento, para que provea los datos solicitados. Otra vez Gómez no informó al juzgado, habiéndose vencido el plazo el 26 de diciembre.
En ese entonces, como el juez Olazar Pozza fue destituido de su función, Joel Melgarejo Allegretto, juez interino de la diligencia preparatorio de la demanda de Ticsa, el 30 de diciembre de 2016 se remitió los antecedentes del desacato a la fiscalía a cargo de González Falcón.
La agente del Ministerio Público tras haber recibido los informes de la propia Municipalidad de Lambaré, pudo constatar que el intendente tuvo conocimiento del pedido de informes, y que habiéndose reunido otros elementos incriminatorios, imputó en la víspera por desacato a Gómez.
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