El fiscal Luis Piñánez imputó al diputado colorado Tomás Fidelino Rivas Benítez –cartista que hizo el rekutu por Paraguarí– y a sus tres “caseros” planilleros, por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El legislador mentía sobre la prestación de servicios de sus empleados particulares, quienes percibían salarios sin trabajar.
El fiscal de Delitos Económicos indicó que la causa cayó en el juzgado de Rubén Riquelme, quien debe pedir el desafuero de Rivas a la Cámara de Diputados.
Además, Riquelme debe convocar a los coimputados Reinaldo Chaparro Penayo (chofer), Lucio Romero Caballero (secretario privado) y Nery Antonio Franco González (chofer) a la audiencia de imposición de medidas.
El investigador solicitó prohibición de salir del país, fianza de G. 26.000.000 para cada uno, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado penal de garantías y comparecencia mensual.
Según el agente, se comprobó mediante registros telefónicos sometidos a pericia de cruce de llamadas que los tres empleados no cumplían labores en la Cámara de Diputados. Además, el diputado Rivas firmaba todas las planillas de asistencia.
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