Además del intendente, los funcionarios imputados en calidad de cómplices son: Estela González de Sánchez, Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González. También los contratistas Silvino Ortiz, Alen Elpidio Cardozo y Lino Ozuna Fernández.
Según el ministerio público, estas personas habrían incurrido en supuestos hechos punibles contra el patrimonio de la Municipalidad de Arroyito, los antecedentes con los que cuenta la fiscalía refiere a la investigación sobre la supuesta construcción de 8 obras para cuya financiación se habrían utilizado fondos de Fonacide y Royalties, correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 de dicha municipalidad.
Del total de obras fiscalizadas, cinco de ellas habían sido abonadas en su totalidad, pero al realizar las verificaciones in situ notaron que las construcciones no habían sido ejecutadas, o habían sido ejecutadas parcialmente.
Para la fiscalía existiría un esquema, de funcionarios municipales y contratistas, que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 732.600.000, por medio de adjudicaciones para construir obras que, en la realidad no habían sido ejecutadas.
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