El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma presentó imputación contra el Gobernador del Departamento Central Hugo Javier González y otras 49 personas, por los hechos de Lesión de Confianza, Producción de Documentos no Auténticos, Apropiación y Asociación Criminal.
Entre los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, habría autorizado indebidamente las transferencias de recursos, por la suma total de Gs. 24.424.032.733 (guaraníes veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro millones, treinta y dos mil setecientos treinta y tres), en concepto de aportes, con el aparente fin de financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la Gobernación, sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutar los proyectos formulados.
Así mismo, Hugo Javier González Alegre, pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, habría emitido las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de la Gobernación.
Las conclusiones favorables sobre la “viabilidad de los proyectos” emitidas por parte de Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Armando Adolfo Soler Espínola, Fernando José Britez Sánchez, o Víctor Basualdo Ramírez; las “verificaciones documentales” realizada por parte José Manuel López Duarte; los “Dictámenes Jurídicos” emitidos por Edgar José Zaracho Quintana; y memorándum emitidos por Carlos Alberto Giménez Insfran (hasta el mes de junio 2019) y Javier Marcelo Rojas Giménez (desde el mes de junio de 2019), “solicitando la emisión de la resolución de autorización de transferencia”, habrían...
El fiscal indicó que en todos estos meses de investigación se cuenta con evidencias colectadas, que sugieren que existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible grave, atendiendo a la importancia de los bienes jurídicos protegidos. En igual sentido, resulta necesario el sometimiento de los imputados al proceso, considerando además, que existen indicios suficientes para sostener, razonablemente, sobre su presunta autoría o participación en los hechos por los cuales fueron imputados.
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