Denuncia fue realizada por jubilados.
Luego de meses de espera, la Fiscalía decidió imputar a varios directivos y exejecutivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines. Mediante una auditoría interna se advirtió la facturación de unos G. 700 millones a favor de una empresa en “detrimento de la rentabilidad” del ente.
Abel Florentín y Gerardo Valiente, en representación del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Instituciones Afines, presentaron una denuncia formal y una ampliación de la misma ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Financieros en el pasado mes de octubre.
En la denuncia se señalaba a varios directivos de la caja como los responsables de un presunto negociado con decenas de operaciones irregulares.
De acuerdo a los datos a los cuales accedió RDN de manera exclusiva, la Fiscalía atendió la denuncia e imputó por el hecho punible de contra el patrimonio, normalmente conocido como lesión de confianza a la cúpula mayor de la caja y a un exgerente.
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