El fiscal Juan Daniel Benítez, con sobrados elementos probatorios, inició proceso penal contra un abogado y un empresario del rubro de venta de vehículos, con carátula de producción de documentos no auténticos. Habrían falsificado la firma de un juez de Paz y su actuario para incautar un vehículo de alta gama. La víctima contrató los servicios de un abogado y se presentó, pero el juicio no existía.
Para el efecto, el abogado Rivas Acuña, en su carácter de oficial de justicia, presentó un mandamiento de secuestro firmado por el juez de Paz de Salto del Guairá, cuya identidad no consta en el escrito de imputación.
El letrado pidió a Amarilla Velázquez que conduzca el rodado hasta la playa de venta de vehículos, propiedad de Justo Rodríguez, donde ordenaron que el automóvil sea depositado ya en presencia de agentes de la comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas. El vehículo y las documentaciones quedaron a cargo del empresario y su abogado, según las constancias. La víctima contrató un abogado para representarlo en el juicio, del que ni siquiera fue notificado. El juzgado le comunicó que “la causa resulta inoficiosa, debido a que no obra en este juzgado, ni se tramita expediente mencionado en el acápite...
Los ahora imputados fueron denunciados penalmente por el afectado y su representante legal. Ambos fueron llamados a presentar su descargo, oportunidad en que el empresario no reconoció los hechos, mientras su abogado solicitó para sí la aplicación del instituto del criterio de oportunidad. Sin embargo, el fiscal Benítez procesó a los dos denunciados por producción y uso de documentos no auténticos, presentándolos ante el juzgado de garantías, con la aplicación de medidas que considere prudentes para el caso.
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