La Fiscalía imputó a nueve supuestos miembros de una banda criminal que se dedicaba presumiblemente a realizar extorsiones desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Los imputados son los presidiarios Ángel Gabriel Colmán (33), Édgar Ferreira Vera (35) y Marcio Quadra Caetano (31), además de Jonás de Amaral Bentos (18), quien era el capataz de la víctima. Entre las personas que recibieron el dinero aparecen el interno Édgar Ferreira y la ciudadana Gloria Estela Cantero Domínguez. De esa manera, se comprobó que Ferreira Vera recibió en varias oportunidades distintos montos, en diferentes números telefónicos, desde el comercio denominado «Farmacia Astral» de la ciudad de Hernandarias, propiedad de Liza Gutiérrez Alarcón, quien conocía al interno. Durante el allanamiento al referido local comercial, realizado este 15 de junio, se constató que en el negocio se efectivizaban sumas de dinero a favor de Ferreira Vera. Este indicaba a la comerciante a quién debía entregar el dinero, utilizando varias líneas telefónicas para el giro y retiro de dinero. Los investigadores presumen que Gutiérrez Alarcón tenía pleno conocimiento de que Édgar Ferreira no podría acceder a altas sumas de dinero, estando recluido en la cárcel.
La Fiscalía imputó a nueve supuestos miembros de una banda criminal que se dedicaba presumiblemente a realizar extorsiones desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
La Fiscalía y Policía Antisecuestro realizó allanamientos y detuvo a la propietaria de una farmacia en Herandarias, Alto Paraná, y otras personas más, en el marco de la investigación de un caso de extorsión.
La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro, fue quien imputó a nueve supuestos miembros de una banda criminal que realizaba extorsiones desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
Entre los procesados se encuentran reclusos, guardiacárceles y supuestos contactos que operaban desde fuera del recinto penitenciario. Una de las víctimas fue un colono brasileño, a quien exigieron la suma de USD 100.000 para no atentar contra la vida de algún familiar.
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