El fiscal Alberto Torres imputó por omisión de auxilio y coacción y pidió prisión para el docente Rubén Marín y otras tres personas por presunta responsabilidad en la muerte de una beba, por negarle el servicio de ambulancia cuestiones políticas.
Marín, al igual que Rosario Franco, Valentín González y Anastasio Amarilla, miembros del Subconsejo de Salud, fueron imputados y se pidió prisión preventiva para los mismos y no se descarta que posteriormente la imputación sea ampliada homicidio culposo por la muerte de una menor en Santa Rosa del Aguaray.
El caso generó el repudio de toda la comunidad ya que según la denuncia de los padres de la menor, Marín habría negado la provisión de una ambulancia para trasladar a la menor a un centro asistencia, por el simple hecho de que no eran afiliados de la ANR.
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