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La Ley Nº 1100/97 “De prevención de la polución sonora”, fue formulada respondiendo a innumerables quejas de ciudadanos del aumento de la polución sonora que imposibilita el descanso de las familias. Dicha normativa señala que tiene por objeto prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales y en toda actividad pública y privada que produzca polución sonora.
En su artículo 2º, la referida ley expresa claramente que “Queda prohibido en todo el territorio de la República, causar ruidos y sonidos molestos así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población”.
Es una Ley bastante completa que además establece que cualquier persona puede presentar denuncia ante cualquier autoridad municipal o policial en su caso, la que está obligada a intervenir y disponer la prohibición o la reducción de los ruidos molestos. Es en este punto en donde la ciudadanía se encuentra absolutamente desprotegida pues las municipalidades no cumplen su labor en este aspecto y la policía se muestra endeble o sobrepasada o simplemente en algunos casos ignoran las denuncias.
A diario arrecian las quejas en diferentes sectores, de vecinos afectados por ruidos molestos de locales nocturnos, estaciones de servicios, donde se juntan grupos de inadaptados para hacer gala de quién es más maleducado y aturde a más personas con sus ensordecedores equipos. Otros maniáticos prepotentes recorren la ciudad con música a alto volumen sin que ninguna autoridad reaccione y tome nota.
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