Cuando Aguinagalde perdió sus fueros al dejar el cargo el proceso en su contra se reactivó, en agosto pasado pero ya estaba extinguida y aún así recurrió a chicanas junto a su abogado defensor, Wilfrido Duarte Recalde. A consecuencia, la juez penal de Garantías N° 4 de Ciudad del Este, Alba Meza, declaró la extinción del proceso penal y en su resolución resaltó que esta causa extinguida “no afecta el buen nombre y honor” de Aguinagalde. “Este juzgado deslinda cualquier responsabilidad referente a la dilación excesiva en que se incurrió en el proceso, en tal sentido, el titular de la acción es el Ministerio Público y es ahí donde se tuvo la negligencia funcional”, explicó la magistrada. Todos los que intervinieron en ese proceso y contribuyeron con el blanqueo de Aguinagalde deben ser identificados y deben responder civil y penalmente por sus actos.
El exgobernador del Alto Paraná Nelson Aguinagalde Gallinar (ANR) fue librado de culpa y pena por la mala utilización de unos G. 3.034 millones de cuando era ejecutivo departamental. El proceso por lesión de confianza data del 2009 y nunca pudo avanzar ya que el mismo se escudó en su fuero de senador y durante cinco años la Fiscalía no pudo procesarlo.
Cuando Aguinagalde perdió sus fueros al dejar el cargo el proceso en su contra se reactivó, en agosto pasado pero ya estaba extinguida y aún así recurrió a chicanas junto a su abogado defensor, Wilfrido Duarte Recalde. Tal es así que suspendieron seis veces la audiencia preliminar en su contra y cuando se llegó al séptimo intento la causa ya estaba extinguida. El abogado defensor pidió la extinción de la causa y el fiscal Edgar Torales se allanó a ese pedido. A consecuencia, la juez penal de Garantías N° 4 de Ciudad del Este, Alba Meza, declaró la extinción del proceso penal y en su...
La juez Meza quiso sacar la nalga a la jeringa y culpó a la Fiscalía por la extinción de la causa. “Este juzgado deslinda cualquier responsabilidad referente a la dilación excesiva en que se incurrió en el proceso, en tal sentido, el titular de la acción es el Ministerio Público y es ahí donde se tuvo la negligencia funcional”, explicó la magistrada.
Sin embargo, tanto los jueces y los fiscales deben hacerse cargo de la extinción de un proceso como este. Deja un pésimo precedente de cómo un político corrupto se burla de la justicia y de paso de la ciudadanía al quedar impune por sus fechorías. Envía la señal a todos los demás políticos de que pueden robar cuanto dinero público se les antoje, si total la justicia se puede evadir tranquilamente y no ser sancionado.
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