El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital; anuló la sentencia del Tribunal integrado por Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri que absolvió a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, por los supuestos delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital; anuló la sentencia del Tribunal integrado por Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri que absolvió a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, por los supuestos delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas o medios públicos de trabajo, en la causa conocida como Colorado Roga.
En su análisis, el camarista Arnulfo Arias, preopinante, mencionó que la exigencia legal en el análisis de las pruebas- valoración conjunta , armónica , de manera integral y según su sana crítica.Art.397 del C.P.P.- pretende que el Tribunal formule sus consideraciones sobre cada una de las producidas en el juicio, debiendo otorgarle el valor suficiente a aquellas que le han sido útiles para formar su convencimiento, debiendo señalar los motivos por los cuales las que no, fueron descartadas.
Se agravia el apelante , alegando que no ha encontrado en el fallo que absolvió a los acusados, alguna estimación por parte del aquo sobre los testimonios de Gustavo Yahari, efectivo policial del Dpto. de Crimen Organizado y del trabajo técnico de la Lic. María Nilda Ferreira, Perito del Ministerio Público, quienes depusieron en el juicio y no fueron tenidos en cuenta para dictar el fallo.
Examinada la sentencia, en realidad no se advierte alguna apreciación del aquo sobre lo señalado por el primero, ni el valor al testimonio del oficial policial, ni sobre el resultado de la pericia practicada por la especialista del Ministerio Público, habiendo sustentado su decisión únicamente en el video obtenido del lugar de los hechos, concluyendo en virtud del mismo, sobre la no participación de los acusados en el ilícito.
Leer la nota completa en El Observador
