El tráfico de carne detectado tras la incautación de unas 180 toneladas de carne vacuna ingresadas desde Brasil a nuestro país sin la certificación sanitaria del Senacsa y sin la licencia previa del MIC el pasado 2 de mayo, desató un verdadero tsunami en el gobierno de Horacio Cartes. El caso tuvo consecuencias políticas, judiciales y administrativas.
El escándalo derivó en la barrida de autoridades encargadas del control y habilitación. Fueron separados de sus cargos, el Ministro de Agricultura, Marcos Medina; el director de Aduanas, Nelson Valiente, y el titular de Senacsa, Hugo Idoyaga.
En total, fueron cuatro las empresas frigoríficas descubiertas y multadas importando miles de toneladas de carne desde el Brasil, en abierta violación de normativas administrativas y sanitarias. Frigorífico Guaraní debió pagar más de G. 379 millones; Frigorífico All Food pagó más de G. 988.144.957; Frigorífico Concepción aceptó pagar la multa de G. 16.500 millones y, finalmente, Frigorífico Norte pagó una multa superior a G. 3.864 millones. Estas penalizaciones suman un total de G. 21.748 millones.
Los cuatro frigoríficos multados por el ingreso de carne al país sin todas las documentaciones se allanaron a las sanciones administrativas, aunque en el caso de autoridades del Frigorífico Concepción prosigue un proceso en el ámbito de la justicia.
La crisis puso en jaque el nombre y el prestigio de nuestro país como el octavo país exportador de carne reconocido mundialmente. Desnudó ademas la falta de control del principal ente encargado de otorgar los permisos y hacer los controles sanitarios: Senacsa.
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