ITAUGUÁ (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los hospitales públicos no cuentan con la inmunoglobulina Rho (D), una inyección que se deben aplicar las mujeres con sangre RH (-) que dan a luz. Debe ser suministrada máximo a las 72 horas del parto, caso contrario su siguiente criatura tendrá graves problemas de salud, anemia hemolítica y severa, afecciones cardiovasculares y otros que podrían derivar incluso en la muerte, dijo el Dr. Jesús Irrazábal, pediatra del Hospital Nacional. Madres de varios hospitales se comunicaron con esta corresponsalía para expresar su preocupación.
Al respecto la directora de Insumos Estratégicos de la cartera, Dra. Dora Lilian Torres, manifestó que están teniendo un serio problema porque la empresa ganadora de la licitación para proveerla, Promepar, que dijo tiene como encargado a Elvis Franco, no entrega el producto.
Detalló que en Promepar le explicaron que tienen un conflicto interno con la representante de los inyectables, V y T (representada por Blas Vázquez), que extraoficialmente se maneja que estaría perdiendo la representación del producto. En años anteriores era V y T la que se presentaba a las licitaciones y es la única que tiene el registro en el país, indicó. En noviembre pasado Promepar ganó la Licitación Nº 82/16 para la provisión de 3.600 frascos por un importe total de G. 1.817.100.000, detalló Torres, y que existen dos empresas que están tramitando su registro para la importación y...
Dijo que está solicitando al ministerio que se aceleren los procesos para poder contar en la brevedad con la vacuna, porque la situación afecta también a IPS y al sector privado, ya que al mes existen al menos 25 parturientas con RH (-).
La funcionaria anunció además que analizan solicitar una donación a las firmas, que sería del lote correspondiente a la primera importación que hacen, a los efectos de que estas sean sometidas a procesos de validación de la calidad. También mencionó que se ejecutará la póliza de fiel cumplimiento del contrato y van a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para inhabilitarle como proveedor del Estado.
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