El día en que le tomaron la foto vestida de jeans y remera rosada, ostentando orgullosa su violín, nada hacía presagiar su trágico final. La niña de 12 años sería tiempo después protagonista de una desgarradora noticia: su asesinato. ¿El verdugo? un joven quien fue procesado por presuntamente manosearla en un episodio anterior. La justicia lo puso en libertad y él tomó venganza.
Este es un crudo recordatorio de las profundas fallas en nuestro sistema de protección a la niñez y adolescencia. La noticia que sacudió a la comunidad de en Caazapá no solo se trata de un horrendo crimen, también pone al descubierto la urgente necesidad de una reforma integral para detener crímenes atroces contra niños, niñas y adolescentes inocentes.
El principal sospechoso de este feminicidio y presunto abuso sexual, Marcelo Giménez Duarte, de 21 años, no era un extraño para la víctima ni para el sistema judicial. El ya había sido condenado en el año 2022 por acoso sexual a la misma niña cuando ella tenía apenas ocho años. Pese a esta condena, el sospechoso salió de prisión en libertad condicional en mayo de este año.
La madre de la víctima había denunciado incluso que Giménez Duarte amenazó a su hija después de su detención en 2022, un presagio ignorado que culminó en tragedia. La decisión de otorgar la libertad condicional a un individuo con un historial tan claro y alarmante de violencia contra la misma víctima es un punto de quiebre inaceptable en la cadena de protección.
El juez Osmar Baeza, quien dispuso esta medida, argumentó que el condenado “reunió todos los requisitos establecidos en la ley” y que la supervisión recaía en la policía, afirmando además que no sabía que el sospechoso “veía todos los días a su víctima”.
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