El intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, está dando argumentos a la ciudadanía para que esta piense con total razón de que su gestión está plagada de irregularidades al negarse a entregar información pública solicitada por un grupo de ciudadanos. Si analizamos la situación desde la Ley 5282 encontramos que la misma establece sanciones en su artículo 23 en la que expresa que “en caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con relación a las obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de reconsideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública”.
El intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, está dando argumentos a la ciudadanía para que esta piense con total razón de que su gestión está plagada de irregularidades al negarse a entregar información pública solicitada por un grupo de ciudadanos. Como autoridad, Rojas no puede ni debe desconocer que existen leyes que garantizan a la ciudadanía el derecho a saber cómo se usa el dinero público.
Amparados en las leyes 5189/14 y 5282/14, relacionadas a la transparencia gubernamental, un grupo de ciudadanos solicitó información sobre el uso de fondos municipales para la construcción de una bicisenda y la colocación de pisos en el polideportivo. Los pedidos datan del 2017 y su reiteración en agosto pasado. En ambos casos, Rojas se desentendió de los pedidos y jamás entregó información alguna.
Debemos recordarle a este intendente que el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano y como tal, él está cometiendo un crimen al resistirse a entregar los datos requeridos. Si todo está en orden, ¿por qué se niega a liberar esa información?
Si analizamos la situación desde la Ley 5282 encontramos que la misma establece sanciones en su artículo 23 en la que expresa que “en caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento de una repartición pública con relación a las obligaciones previstas en la presente ley, el solicitante, haya o no interpuesto el recurso de reconsideración, podrá, a su elección, acudir ante cualquier Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde tenga su asiento la fuente pública”.
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