El artículo 249 de la Constitución refiere que la Contraloría verificará todos los gastos e inversiones del Poder Judicial. Sin embargo, un contubernio entre la Corte y el órgano de control permite que el Tribunal de Cuentas blanquee el uso del dinero público por las autoridades judiciales. Por otro lado, los ministros tienen cajoneado un caso que salpica al contralor Enrique García.
La Corte asegura que no existe ningún impedimento para que la Contraloría pueda revisar las cuentas del Poder Judicial. Empero, desde hace años el órgano contralor no verifica los gastos y las inversiones hechas por la máxima instancia judicial, que en el 2008 incluso hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que declaró la competencia del Tribunal de Cuentas para juzgar el uso del dinero público por las autoridades del alto tribunal de la República.
El presupuesto del Poder Judicial este año es de G. 1.254.170.026.736, monto del cual el 73 por ciento es para el pago de sueldo a los funcionarios y el resto para otros gastos e inversiones. Atendiendo la millonaria cifra que se maneja es necesaria la intervención de la Contraloría General de la Pública. Sin embargo, el órgano de control tampoco se manifiesta para realizar la revisión del uso del dinero público por las autoridades del alto tribunal.
Según fuentes, la Contraloría tenía previsto en su plan anual una auditoría en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que llamativamente no se ejecutó y el hecho generó sospechas y comentarios.
Las fuentes recordaron que la suerte del contralor Enrique García en gran medida depende de la Sala Civil del alto tribunal, en donde están pendientes de resolución dos acciones promovidas por la Comuna de Asunción para anular decisiones de los Tribunales de Apelación en lo Civil, Primera y Quinta Salas, que confirmaron que la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, entonces a cargo de García, nunca apeló la resolución de un tribunal arbitral que condenó a la Comuna al pago de US$. 3.600.000 a la firma Ivesur en concepto de indemnización.
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