El esquema de coimas que tumbó al general retirado Ramón Ernesto Benítez Amarilla era facilitado no solo por funcionarios corruptos de Detave, sino también por civiles ya identificados que juntaban el dinero de los contrabandistas y distribuían los sobornos. Estos últimos serían detenidos en una segunda fase de la investigación.
Además, están en la mira empresarios que autorizaban los pagos para que las mercaderías ilegales llegaran a sus negocios y hasta periodistas que omitían indagar sobre el contrabando y que cobraban semanalmente, según consta en una agenda recuperada de la casa allanada del general Benítez.
El mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo al tanto de toda la investigación “desde el minuto cero”, según dijo ayer en Palacio de López el ministro Emilio Fúster, quien es el coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC).
Además estuvieron en la reunión los titulares de Senad y Aduanas y los fiscales investigadores.
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