Familiares de los 28 guardiacárceles procesados por la fuga masiva de miembros del Primer Comando da Capital (PCC), ocurrida en enero pasado, se manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir la liberación de los mismos. Es por haber transcurrido los seis meses, que es la pena mínima prevista en el Código Penal.
Ya han compurgado la pena mínima prevista para los hechos de liberación de presos, frustración de la persecución y ejecución y asociación criminal.
Aseguran que los mismos no tuvieron participación en la fuga y que muchos de ellos hacía poco tiempo que fueron contratados como personal penitenciario. Consideran que es injusto que sigan guardando reclusión y amenazan con iniciar una huelga de hambre.
El juzgado penal de garantías a cargo de la magistrada Sadi Estela López había rechazado el pedido de revocatoria de auto de prisión planteada. El argumento de la defensa es que la Constitución Nacional en su artículo 19 dispone que la prisión preventiva en ningún caso se prolongará por un tiempo mayor a la de la pena mínima establecida.
La resolución judicial fue apelada y ahora deberá conformarse el tribunal de apelaciones para entender en el caso.
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