A la pervivencia de la Opaci hay que darle una solución definitiva. Lo que no debe suceder es que continúe siendo un híbrido, que en su estatuto se define como asociación particular, de carácter voluntario, pero que en la práctica una ley la convierte en receptora obligatoria de dinero proveniente de tasas por servicios municipales, con lo que la ubica en la esfera de las entidades de carácter estatal. En síntesis, una situación perfecta para los contubernios en los que se rifa el dinero del contribuyente sin mayor control, como está sucediendo. Legalmente hablando, Opaci es un adefesio jurídico, y si desapareciera, nadie se daría cuenta. Por el contrario, varias municipalidades –que hoy están procurando su desafiliación– mucho agradecerían. ¿Hasta cuándo el Gobierno la sostendrá en esas condiciones? En este momento la respuesta es dudosa, porque un clan de políticos de apellido Núñez, que guarda estrecha amistad con el Presidente de la República, se apropió de la Opaci hace muchos años, manejando sus fondos a gusto y paladar. Por este motivo tan sencillo, no hay muchas esperanzas de que se aclare el panorama de esta entidad administrativamente híbrida, jurídicamente irregular y de clara naturaleza parasitaria.
A la pervivencia de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) hay que darle una solución definitiva. De una vez por todas se la define como entidad particular sin fines de lucro, y entonces se rige exclusivamente por las reglas del Derecho Civil y no adquiere ninguna atribución propia de entidades públicas, o se la convierte en entidad estatal con ley orgánica propia o insumida dentro de otro organismo ya existente, por ejemplo, en el ámbito administrativo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Lo que no debe suceder es que continúe siendo un híbrido, que en su estatuto se define como asociación particular, de carácter voluntario, pero que en la práctica una ley la convierte en receptora obligatoria de dinero proveniente de tasas por servicios municipales, con lo que la ubica en la esfera de las entidades de carácter estatal. En síntesis, una situación perfecta para los contubernios en los que se rifa el dinero del contribuyente sin mayor control, como está sucediendo.
Legalmente hablando, Opaci es un adefesio jurídico; aunque esto es lo de menos, porque en último caso se le puede poner remedio modificando su estatus o haciéndola desaparecer, transfiriendo sus atribuciones actuales a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). Al final de cuentas, según el Art. 15, Inc. i) de la Ley Nº 5016/14, “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, el único “trabajo” de la Opaci es coordinar con las municipalidades del país “el otorgamiento de la Licencia de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las...
Volviendo a la situación actual, la labor mencionada atribuida a la Opaci bien la podría realizar la misma ANTSV, sin complicarla inútilmente encargándola a la averiada entidad, a la que ni siquiera todas las municipalidades están asociadas, aunque se las quiera obligar a hacerlo por imperio de esta rarísima disposición legal que convierte ladinamente a una entidad particular en agente gubernamental de percepción de tributos.
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